Delitos de falsedad de certificados

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Abogados especialistas en delitos de falsedad de certificados

Forma parte de las falsedades. Se trata del tipo de falsedades más leve y por tanto, que menor castigo tiene. A diferencia de la falsedad en documento público o en documento oficial, la falsedad de certificados se refiere a los textos de carácter administrativo que se emplean para constatar un determinado hecho. Es decir, tienen un rango inferior a los documentos expedidos por Registros, Notarios, etc.

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La falsedad no puede ser burda, es decir debe ser apreciable a simple vista. De lo contrario sería una falsedad inocua que no estaría penada por el Código Penal.

Se trata de un delito en el que es necesario contar con peritos especializados que emitan un informe acerca del supuesto documento falsificado. En Olimpa Abogados contamos con peritos especializados en este tipo de dictámenes.

Existen varios tipos de falsedad de certificados:

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1º Falsificación, uso y tráfico de certificados por particulares
Se sanciona con multa de 3 a 6 meses al particular que falsifique certificaciones o haga uso de ellas a sabiendas de su falsedad.

Cualquier tipo de certificado falso sería penado:

– Médico (no confundir con documentos médicos de carácter público u oficial).
– Académico (no confundir con títulos oficiales que serían documento público).
– Administrativo, por ej. de la comunidad de propietarios, cooperativas, asociaciones, etc.

2º Libramiento de certificado falso por facultativos
Castiga a los facultativos, médicos u otros profesionales sanitarios, que falsifiquen un certificado con multa de 3 a 12 meses. Algunos tribunales han optado por sancionar también a profesionales de otros sectores, aunque es una decisión debatible.
3º Libramiento de certificación falsa por autoridad o funcionario públicos
Castiga la falsedad ideológica de funcionarios, es decir, la emisión de un certificado que falta a la verdad en la narración de los hechos, expresando un relato que contenga un dato que sea incompatible con la verdad.

Exige que los certificados tengan escasa trascendencia. Es decir, no puede tratarse de certificados de Seguridad Social o Hacienda Pública, puesto que sería entonces falsedad en documento oficial.

Se castiga con la suspensión de 6 meses a 2 años.

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