Delito de prevaricación de funcionarios públicos

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Abogados especialistas en delitos de prevaricación de funcionarios públicos

Forma parte de los delitos contra la administración pública. El artículo 404 sanciona a la autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo con conocimiento de esa arbitrariedad.

Se trata de un delito especial propio, es decir, que solo pueden cometer quienes tengan esa condición de autoridad o funcionario público y que tengan esa capacidad de resolver.

Quedan excluidos los actos políticos, dictámenes e informes previos, que no se consideran resoluciones a efectos penales.

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Existe un debate acerca de si es un delito que permite la comisión por omisión y la jurisprudencia está dividida. Una línea argumental señala que el verbo dictar exige una conducta activa e impide la omisiva. Otra tendencia señala que una conducta omisiva injusta a sabiendas de que lo es equivale a una resolución arbitraria. En este sentido se pronuncian también quienes defienden que el silencio administrativo puede constituir prevaricación.

En cualquier caso, es fundamental contar con un equipo de abogados especializados en ambas ramas del derecho: penal y administrativo.

La pena es de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

El artículo 405 sanciona a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.

En este caso se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Por último, el artículo 406 impone la misma pena de multa a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

En Olimpa Abogados contamos con un equipo de abogados especializados en delitos contra la Administración Pública. Consúltenos su caso y le daremos respuesta con la mejor estrategia a seguir.

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