Abogados de Extradición en Madrid

Garantiza que sólo se concederá la extradición de un ciudadano con fundamento en una ley o tratado vigente y por uno de los delitos recogidos en él/ella.

En España existen varias normas que regulan el proceso de extradición: la Constitución Española de 1978, la ley de Extradición Pasiva de 1985, el Convenio Europeo de Extradición de 1957, así como más de un centenar de tratados bilaterales firmados con terceros países.

Hay ocasiones en las que se reclama por delitos no incluidos en la ley o en el tratado.

Para que España acceda a extraditar a un ciudadano, se exige que el país que lo solicita también acceda a extraditar a ciudadanos a España. Esta reciprocidad puede verificarse en la normativa interna del país que reclama la extradición o mediante un compromiso incluido en la solicitud.

Hay numerosos países que incluyen la cláusula de no extradición de nacionales en su Constitución, lo que afectará en caso de solicitud de extradición de españoles.

El delito por el que se reclama a un ciudadano debe ser delito en ambos países, en el Estado que reclama y en España.

Es un requisito a verificar muy importante ya que existen numerosos casos en los que los requisitos del delito son diferentes. Por ej. en muchos países no existe impuesto de la renta y por tanto no puede haber fraude fiscal por este impuesto. En otros es delito facilitar información bancaria confidencial a Hacienda y en España no lo es, es más, puede ser una atenuante.

Implica que sólo se concederá la entrega con la condición de que se juzgue y se condene por los delitos expresamente autorizados por España, es decir, por los delitos por los cuales se ha emitido la orden de extradición. Dicha condición es imprescindible y supone una garantía para el ciudadano de que no habrá juicio con acusaciones sorpresivas.

Cuando el Estado que solicita la extradición quiera juzgar por delitos diferentes por los que se extraditó a la persona, deberá solicitar una ampliación de la extradición.

A este respecto, la ley de Extradición Pasiva señala que no se concederá la extradición de nacionales. Sin embargo, será fundamental lo que establezca el tratado bilateral entre España y el país reclamante en caso de que exista.

En cualquier caso la cualidad de nacional será valorada teniendo en cuenta que no fuera adquirida con el propósito fraudulento de hacer imposible la extradición.

En este sentido, España no concederá la extradición por hechos para los que las leyes españolas y del Estado requirente fijen penas inferiores a un año de privación de libertad.

No se concederá la extradición por delitos políticos (salvo delitos de terrorismo, los delitos de atentado contra la vida del Jefe de Estado o un miembro de su familia y los crímenes contra la humanidad como el genocidio), delitos militares y tampoco por delitos cometidos por medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión.

Otro motivo de denegación obligatoria es la extinción de la responsabilidad criminal conforme a la normativa española o la del Estado requirente.

Tampoco se concederá la extradición cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de excepción o cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona extraditada no será ejecutada o sometida a tratos inhumanos o degradantes.

No se concederá la extradición de aquellos que tengan condición de asilado. En los casos en que no se haya reconocido el asilo, ello no impide la denegación de la extradición por cualquiera de las otras causas.

De igual modo, no se accederá a la extradición en los casos en que el sujeto haya sido ya enjuiciado o condenado por los mismos hechos por los que se solicita la entrega.

Se podrá denegar la extradición cuando se tengan razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Igualmente en los casos en que la situación de esa persona corre el riesgo de verse agravada por esos motivos.

Si el reclamado es menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y tiene residencia habitual en España, se podrá denegar sin perjuicio de adoptar otras medidas.

En esta fase el país requirente le hará llegar al gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores los documentos necesarios para iniciar el procedimiento. El país requirente tendrá 40 días para presentar en forma la siguiente documentación:

• La sentencia condenatoria o el auto de procesamiento y prisión.
• Los datos de identidad, nacionalidad y residencia de la persona reclamada. Debe acompañarse de foto y huellas.
• Copia de las normas aplicables al caso donde se incluya la pena aplicable. Si el hecho estuviera castigado con penas de muerte o atentatorias contra la salud corporal o degradantes, el Estado requirente debe dar garantías de su no aplicación.
• Documentos originales o en copia auténtica y traducción oficial.
• En caso de urgencia, puede solicitarse la detención como medida preventiva.

Una vez recibida la solicitud, se remite al Ministerio de Justicia. Se concede un plazo de 8 días para elevar la propuesta de continuación del procedimiento. A su vez, el Gobierno debe adoptar la decisión en el plazo de 15 días. Transcurrido ese plazo sin que el Gobierno haya tomado una decisión, el Ministerio de Justicia lo hará en su nombre, dentro de los tres días siguientes a la expiración del mismo.

El expediente se renviará al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que por turno corresponda. El juez acordará la comparecencia del reclamado, que deberá estar asistido de su abogado y en caso de ser necesario, de intérprete.

En ese momento, el reclamado debe consentir o oponerse a la extradición. Si se opone, el abogado deberá presentar por escrito los motivos para denegar la solicitud.

El juez de Instrucción elevará a la Sala de la Audiencia Nacional el expediente y señalará vista para debatir sobre los motivos para denegar la extradición. A la vista acudirá el abogado defensor, el fiscal y en su caso, el representante del Estado requirente.

El reclamado prestará declaración y se practicará la prueba oportuna. Tras la vista, el Tribunal emitirá su resolución accediendo o denegando la extradición. Contra esa resolución sólo cabe recurso de súplica, que será resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Si la resolución es denegatoria, en caso de encontrarse en prisión, el reclamado será puesto inmediatamente en libertad.

Si la resolución fuera declarando procedente la extradición, se enviará al Ministerio de Justicia.

El Gobierno decidirá la entrega de la persona reclamada y fijará una fecha y lugar concretos. En caso de que el Estado requirente no acuda a recibir a la persona reclamada en el plazo de quince días desde la fecha señalada, podrá ser puesta en libertad. En cualquier caso, si transcurren treinta días desde la fecha, será puesto obligatoriamente en libertad.