Abogados Delitos de cohecho

Abogados Delitos de cohecho

Forma parte de los delitos contra la administración pública.

Una de las normas básicas de la función pública es que ningún funcionario recibirá emolumentos por su trabajo, ya que es el Estado quién debe hacerse cargo de estos gastos.

Esta imposición se debe a que la existencia de regalos, dádivas o dinero a funcionarios públicos compromete la imparcialidad, la honradez y la integridad de los mismos y deteriora la credibilidad de las administraciones públicas.

Por funcionario público se entienden también aquellos contratados fijos o temporales, siempre que ejerzan funciones públicas y deban conocer las obligaciones impuestas a la función pública.

Existe una excusa absolutoria (es decir, no será delito) en los caos en que un particular haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dinero por parte de un funcionario cuando el sujeto denuncie los hechos en el plazo de dos meses y en cualquier caso antes de que se inicie el procedimiento penal.

Se sanciona a la autoridad o funcionario público que por sí o por persona interpuesta y en provecho propio o de tercero, solicite o reciba dádiva o presente para la realización de un acto en el que el funcionario público actúe contradiciendo los deberes inherentes a su cargo, lo que, estableciendo una correspondencia con la tipificación previa a la reforma del Código Penal, equivaldría a la realización de un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituya delito.

La contradicción con los deberes inherentes al cargo -o, lo que es lo mismo, el carácter injusto del acto – es la principal cuestión a analizar en esta modalidad de cohecho y puede afirmarse que existirá tal acto cuando se produzca una contradicción material y relevante con el ordenamiento jurídico, no bastando con una mera ilegalidad formal o administrativa.

Ese carácter objetivamente contrario a la legalidad hay que ponerlo en relación con la concreta normativa que disciplina la actividad del funcionario, de manera que habrá que atender a lo establecido en esa concreta normativa administrativa, y a si se ha desviado de ella, para determinar si ha habido o no contradicción con los deberes inherentes al cargo.

A partir de aquí, determinar la existencia de injusticia o contrariedad del deber en el acto dependerá en gran medida de que se trate de actos administrativos reglados o actos administrativos discrecionales.

a) Los actos reglados son aquellos en los que la legislación establece minuciosamente las condiciones o requisitos exigidos para el ejercicio de la potestad administrativa, lo que no deja margen al funcionario para apreciaciones basadas en criterios extrajurídicos o de oportunidad, limitando su actuación a constatar el supuesto de hecho legalmente definido y a aplicar la consecuencia jurídica prevista.