Abogados Delitos de Receptación

• Que se haya cometido anteriormente un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico.

• Ausencia de participación en ese delito contra el patrimonio del acusado por receptación, ni como autor ni como cómplice.

• Un elemento subjetivo, consistente en que el autor de la receptación debe poseer un conocimiento cierto de la comisión del delito antecedente.

• Que ayude a los responsables de aprovecharse de los efectos provenientes de tal delito (primera modalidad), o los aproveche para sí, reciba, adquiera u oculte (segunda modalidad).

• Animo de lucro o enriquecimiento propio.

Habitualmente, ni la Policía Nacional o la Guardia Civil ni los Tribunales tienen la prueba absoluta de si el comprador de los bienes conocía el origen ilícito de los mismos o no, por ello se basan en una serie de indicios para llegar a esa conclusión:

• Un precio de compra ridículo absolutamente desproporcionado con el valor real de los objetos. Los supuestos en los que se compran productos informáticos a precios muy bajos.
• Una forma de adquisición que hace sospechar a cualquier persona con sentido común. Por ej. cuando se han adquirido en mercados clandestinos.
• Inverosimilitud de la explicación para justificar la tenencia de los bienes. Sucede en los casos en que la compra no tiene una explicación lógica.
• Inexistencia de recibo o factura de compra.
• La personalidad del adquirente acusado también será relevante, por ej. conocer si tiene antecedentes penales por delitos contra el patrimonio.

Las penas fijadas en el Código Penal son de 6 meses a 2 años.

En los casos en que se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, de cosas de primera necesidad o los hechos sean especialmente graves las penas serán de 1 año a 3 años de prisión.

Si el comercio de objetos se realiza a través de un establecimiento o local comercial o industrial, existirán también multas de 12 a 24 meses e incluso los Tribunales podrán imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 2 a 5 años y acordar la clausura temporal o definitiva del establecimiento o local.