Delitos de amenazas

Para que sea delito, la amenaza debe ser creíble, debe consistir en anunciarle a otro que se le va a causar un mal que a su vez está recogido en el Código Penal como delito y debe pretender causar intimidación en la otra persona.

El daño que se le anuncia al tercero debe ser injusto, determinado, posible y depender de la voluntad del autor. Es decir, no serían amenazas desde el punto de vista del Código Penal:

– Amenazar con una ruptura de pareja o con abandonar a otra persona (siempre que no sea dependiente).

– Amenazar con no devolver dinero de una deuda, siempre que no sea delito.

– Amenazar con algo inverosímil como un castigo divino o una consecuencia irreal.

– Amenazar entre vecinos con asuntos propios de la comunidad.

Las amenazas que sí son constitutivas de delito serían aquellas del tipo:

– Te voy a matar si no me devuelves el préstamo.

– Si no haces el examen por mí, voy a ir a por tí y acabarás en el hospital.

– Despídete de tu familia si no llevas el cargamento del punto A al punto B.

Lo más importante es consultar con un abogado especializado que le sepa guiar sobre los pasos a dar, cómo recoger y presentar las pruebas relevantes. Además, en su caso, solicitará medidas cautelares y la indemnización que proceda.

Es fundamental someter su caso a un abogado especialista que analizará los hechos y la documentación existente: la denuncia, pruebas aportadas (Whatsapps, mails, testigos, etc.). De esta forma, podrá darle un diagnóstico de la situación y la vía más adecuada para solucionarlo.

En algunas ocasiones conviene celebrar el juicio porque no existe delito y en otras es mejor llegar a un acuerdo con la acusación.

Las penas varían mucho en función de la gravedad del delito. Pueden ir desde 1 mes de multa para amenazas leves hasta 4 años de prisión en los casos más graves.

En un juicio penal hay muchos factores que influyen. En primer lugar, son fundamentales las pruebas existentes, que éstas se hayan obtenido y aportado al procedimiento de forma lícita y por lo tanto no sean nulas. Existen varios tipos de pruebas que pueden servir para probar amenazas, algunas de ellas pueden ser:

– Whatsapps, mails, cartas, publicaciones en RRSS u otro tipo de canales de comunicación. Es fundamental guardar todos los documentos y comunicaciones en su formato original, porque de lo contrario la parte contraria puede impugnarlos por haber sido manipulados.

– Testigos directos o indirectos de las mismas. Tendrán mayor peso para el juez los testigos que no tienen relación con el acusado o con la víctima, porque se presupone que no tendrán interés en favorecer a ninguno de los dos y los testigos directos que hayan presenciado las amenazas en detrimento de los testigos de referencia, que conocen de las mismas por terceros u otros canales.

– Pruebas periciales. Sirven para acreditar quién es el autor de la amenaza en los casos en que ésta se ha cometido a través de internet (entrar aquí), así como para probar los daños psicológicos sufridos por la víctima, en caso de que existan.

– Grabaciones con el móvil o con otros dispositivos. A este respecto, es fundamental contar con un abogado especializado porque no todas las grabaciones se pueden aportar a un procedimiento penal,  porque se puede incurrir en vulneración de derechos fundamentales de terceros. Por ej. los Tribunales no admiten grabaciones en domicilios ajenos o grabaciones en las que no está presente el autor de la misma, sino terceros.

En segundo lugar, es muy importante contar con un abogado especialista que prepare los interrogatorios adecuadamente, analice si existen nulidades en el procedimiento y realice un alegato preciso y convincente en el juicio.