Abogado Falsedades Documentales

Existe un debate en los Tribunales acerca de si emitir facturas que no reflejan la realidad de la prestación de servicios o de entrega de bienes constituye delito de falsedad documental.

Cuando alguien firma una factura y en ella consta algo inexacto (puede ser el tipo de prestación de servicios, el importe a facturar, el plazo de pago) estaría faltando por tanto a la verdad en la narración de los hechos pero no simulando un documento y esta conducta, la de faltar a la verdad por un particular, es impune, es decir, no es delito.

Los Tribunales sí que pueden afirmar que si la factura fue expresamente creada sin ninguna prestación de servicios ni entrega de bien que la respalde, nos encontraríamos ante un documento simulado y por tanto falso según el art. 392 del Código Penal.

También será delito falsifica documentos (contratos de cualquier tipo, expedientes médicos, laborales, administrativos o de cualquier tipo, documentos mercantiles de una sociedad, etc.) cuando sean simulados por completo o alterados en sus caracteres esenciales.

La LGT obliga a presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios para que la AEAT practique de forma adecuada la liquidación de los tributos exigidos o cobre el importe adecuado en los procedimientos de autoliquidación.

Presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones o autoliquidaciones no es delito según la Ley General Tributaria. Tampoco lo será por tanto presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las contestaciones a requerimientos individualizados de información. Estas conductas constituyen infracciones tributarias que serán sancionadas fiscalmente.

Las infracciones pueden ser muy graves cuando se utilicen medios fraudulentos, graves cuando se utilicen facturas, documentos o justificantes falsos o leves cuando la base de la sanción sea inferior a 3.000 euros o cuando siendo superior a esta cantidad, no se observe ocultación.

En estos casos, la cuantía de la liquidación será la base de la sanción. Por otro lado, el incumplimiento de identificar a los clientes en las facturas también es una infracción tributaria, no un delito.

Sin embargo, en los casos en los que existe un procedimiento abierto por presunto fraude fiscal, del tipo que sea, emisión de facturas falsas, carrusel de IVA, etc. los jueces de instrucción y los fiscales calificarán los hechos como falsedad documental, pues consideran que el autor se ha servido de esos documentos para conseguir defraudar a Hacienda más de 120.000 euros.

Sin embargo, en estos casos hay que analizar la documentación obrante en el expediente para valorar, con arreglo a los precedentes judiciales, si esos documentos falsificados son susceptibles de ser considerados un delito con arreglo al Código Penal.

La usurpación consiste en fingir ser otra persona con el fin de beneficiarse de ello. No cualquier usurpación de estado civil será delito conforme al Código Penal, ya que se exigen varios requisitos:

• Usurpar la identidad de una persona real.
• No basta con hacer uso público del nombre de otra persona, sino que debe hacer algo que sólo pueda hacer esta otra.
• Hacerlo con voluntad de ejercer las facultades, derechos y acciones de la víctima.
• Actuar con carácter continuo y permanente.

Es fundamental contar con un abogado penalista especializado en delitos de usurpación y suplantación de identidad para que analice si todos los requisitos se cumplen tal y como exige el Tribunal Supremo, o si por el contrario nos encontramos ante una suplantación de las llamadas inócuas.

Se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años.

Sucede en los casos en que una persona no tiene el correspondiente título académico expedido o reconocido en España y sin embargo se presenta como profesional ante terceros. Los autores pueden cometer el delito haciéndose pasar por licenciado, arquitecto, ingeniero o doctor o por profesionales cualificados como agente de la propiedad inmobiliaria o gestor administrativo.

De nuevo, no cualquier intrusismo es ilegal y hace falta que se cumplan una serie de requisitos para que se considere que existe delito con arreglo al Código Penal.

Las penas pueden llegar hasta los 12 meses de prisión. Es un delito que suele estar relacionado con la emisión de facturas, certificados o documentos en los que firman como profesionales cualificados y por tanto podríamos estar ante otro presunto delito/s de falsedad documental, que se penaría aparte.