Despacho abogados corrupción

Se trata de un delito que sólo puede cometerse por aquellos que tienen la condición de funcionario o autoridad pública y que por tanto pueden emitir resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. Como despacho de abogados especializado en corrupción política, nuestra función será la de analizar posibles nulidades en el procedimiento y defensa técnica en relación a la autoría de los hechos y los requisitos del delito.

El delito puede darse en cualquier administración estatal, autonómica o local. Para que se un Tribunal declare probado que ha existido prevaricación debe cumplirse el elemento objetivo del delito (dictado de una resolución injusta) pero también el subjetivo, es decir, la voluntad del autor de cometerlo.

Existen una variedad de conductas tipificadas en el artículo 419 y siguientes de nuestro Código Penal.

La conducta más conocida es el soborno o cohecho pasivo que consiste en aceptar una dádiva, favor, retribución, ofrecimiento o promesa con un fin ilícito:

• Realizar en el ejercicio del cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo (artículo 419 CP).
• No realizar o retrasar injustificadamente el acto que la autoridad o funcionario público debiera practicar (artículo 419).
• Realizar un acto propio del cargo (artículo 420 CP).
• Como recompensa por la conducta contenida en los artículos precedentes (artículo 421 CP).

También existe el cohecho activo, por el que se castiga al particular que ofrezca, entregue o prometa dádiva o retribución al funcionario público o autoridad para conseguir de él una determinada actuación o abstención. También se castiga al particular que acceda a la solicitud de la autoridad o funcionario público y le entregue dádiva o retribución.

El Código Penal castiga a los funcionarios públicos o autoridades que sustraigan, destruyan, inutilicen u oculten, total o parcialmente, documentos cuya custodia les esté encomendada por razón de su cargo.

Las penas son de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustraiga, destruya, inutilice u oculte, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. Se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Se refiere a los casos en que un funcionario comete apropiación indebida o administración desleal del patrimonio que maneja.

Las penas previstas son en los dos primeros casos de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

La autoridad o funcionario público que organice o gestione licitaciones públicas y se concierte con los interesados o use cualquier ardid para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

Su despacho de abogados especializado en delitos de corrupción política tendrá como cometido analizar vicios en el procedimiento y valorar las pruebas aportadas por la acusación para enervar la presunción de inocencia.

Consiste en una acción u omisión por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para un tercero.