Abogados delitos contra la Seguridad Social

El Código Penal recoge penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, salvo que se hubiera regularizado la situación ante la Seguridad Social.

La cuantía se entiende regularizada en los casos en que el sujeto obligado procede al pago (sea íntegro sea mediante un calendario de pago acordado con la Seguridad Social) antes de que tenga constancia de que se ha iniciado el procedimiento penal contra él, es decir, antes de que se le haya notificado la apertura de diligencias por parte del Ministerio Fiscal, Letrado de la Seguridad Social o Abogado del Estado.

La existencia previa de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paraliza el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

– Que la cuantía exceda de 120.000 euros.
– Que la defraudación se haya llevado a cabo por un grupo u organización criminal.
– Que se hayan utilizado personas físicas o jurídicas interpuestas, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que dificulten o impidan determinar quién es el obligado tributario frente a la Seguridad Social responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o el patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social.

Serán de aplicación las atenuantes del Código Penal:

– Se puede imponer una pena rebajada en uno o dos grados cuando el autor haya pagado la deuda contraída con la Seguridad Social en el plazo de dos meses desde que haya recibido la citación judicial.
– También se puede apreciar una atenuante cuando el autor haya procedido a reparar el daño total o parcialmente antes de la celebración del juicio oral.
– Que la tramitación del procedimiento haya tenido dilaciones indebidas no atribuibles a la actuación de los investigados. Es decir, que el motivo del retraso no sea por una estrategia de obstaculización o imposibilidad para localizar a los investigados.

En nuestra experiencia, los procedimientos seguidos por delitos contra la Seguridad Social son técnicos y complejos, requieren al menos de dos expertos, un abogado penalista especializado en delitos fiscales y un abogado especializado en procedimientos laborales.

Esto se debe a que el procedimiento es híbrido y las actuaciones practicadas en el ámbito administrativo o laboral son parte fundamental del procedimiento penal y hay que analizarlas en detalle para comprobar:

– Si existe alguna nulidad de actuaciones, es decir, si alguno de los actos realizados por los inspectores de trabajo o de la Policía es nulo porque ha vulnerado derechos fundamentales. Esto sucede habitualmente en casos de entradas y registros o intervención de las comunicaciones.

– Si se ha aportado toda la documentación necesaria al procedimiento penal o si por el contrario falta prueba. Por ej. en múltiples expedientes no están aportadas todas las notificaciones o los requerimientos practicados por la TGSS y es la acusación la que debe probar la existencia de la deuda y la notificación al autor para su cobro.

– Otras cuestiones procesales como el cumplimiento de los plazos, traslados de parte y trámites para recursos ante autos y providencias del Juzgado.