Casos De Éxito

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1º Estafa agravada multipropiedad de más de 500.000 euros

Se trata de una empresa que comercializaba semanas de vacaciones en régimen de multipropiedad, es decir, cada cliente tenía el derecho de disfrutar de un mes al año en régimen de pensión completa en los hoteles y apartamentos adheridos a la promoción.

Las condiciones eran las siguientes: cada cliente abonaba una cantidad inicial entre 15.000 y 30.000 euros y a cambio de esa aportación, tenía el derecho a disfrutar de sus vacaciones en los próximos 30 años. En los primeros años de la promoción todo funcionó correctamente, pero a partir del quinto año la empresa dejó de captar clientes nuevos y no pudo seguir pagando las reservas en los hoteles y apartamentos pactados con los clientes. Éstos, sintiéndose estafados por la empresa, denunciaron a todos los trabajadores de la misma (comerciales, contable, administrador, etc.) y todos fueron investigados y acusados por haber sido piezas esenciales en la estafa.

Nuestros clientes, comerciales, tenían una petición de prisión de 8 años. Finalmente, tras negociaciones con los abogados de la acusación y el Ministerio Fiscal, la pena se redujo a 1 año y 6 meses, por debajo del límite de 2 años que según el Código Penal permite suspender una condena.

3º Apropiación indebida agravada de ayudas administrativas por importe 100.000 euros

Nuestro cliente, joven agricultor, había recibido durante cinco años ayudas de la Política Agraria Común para aplicar en la explotación agraria de la que era titular en virtud de un contrato de arrendamiento. La arrendadora había pactado con él una renta anual que comprendía parte de la dotación de la PAC y de los rendimientos de la explotación y nuestro cliente había dejado de abonarle la renta en virtud de una cláusula del contrato incumplida.

La arrendadora presentó querella contra él por apropiación indebida y administración desleal que fue admitida a trámite, practicándose la prueba necesaria para esclarecer los hechos, en este caso: requerimientos a las entidades bancarias, a los organismos públicos que conceden las ayudas y declaraciones de testigos e investigados. Tras la declaración de nuestro cliente y la posterior presentación de escrito de solicitud de sobreseimiento, finalmente el procedimiento ha sido archivado, por lo que nuestro cliente no debe indemnizar con ninguna cuantía a la querellante.

5º Estafa agravada con facsímiles de 300.000 euros

En este caso, ciudadanos extranjeros se hacían pasar por intermediarios de un grupo inversor extranjero que estaba buscando activos inmobiliarios y productivos en España para invertir parte de su portfolio. Como víctimas buscan a ciudadanos españoles sin la formación financiera básica que no ponen la diligencia debida necesaria para comprobar si el supuesto fondo de inversión existe, se dedica a invertir en ese tipo de activos en España y dispone de los fondos. Simulan estar interesados en bienes de su propiedad y les hacen saber que antes de que se produzca la adquisición del bien, ellos percibirán una comisión por la operación que correrá a cuenta del vendedor y que se deberá pagar en metálico.

A continuación se reúnen en supuestas oficinas del fondo de inversión, donde reciben la comisión del vendedor de los bienes. Suele tratarse de un 10% o un 15% del importe total de la supuesta compraventa y dado que estamos ante compraventas millonarias de terrenos, las cuantías son superiores a los 100.000 euros, llegando incluso a los 500.000.

También se llama estafa “rip deal” y la noticia ha sido publicada en numerosos medios de comunicación:

https://www.lainformacion.com/espana/cae-el-clan-nicolic-expertos-en-estafas-inmobiliarias/6349973/

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/banda-balc-nica-estafa-250-000-euros-un-industrial-gallego-XYCG94404

7º Amenazas en el ámbito laboral

Existen muchos tipos de amenazas y dependiendo de la gravedad, ámbito en el que se producen, consecuencias para la víctima y otras circunstancias a tener en cuenta las penas son más o menos altas.

En el presente caso, se trataba de una empleada de una multinacional que recibía amenazas por parte de uno de sus superiores jerárquicos, amenazas referidas a su vida familiar, a su salud y a su desarrollo profesional.

Preparamos la estrategia de acusación con todas las pruebas disponibles: Whatsapps, testigos, grabaciones y mails y presentamos querella ante el Juzgado competente, con solicitud expresa de medidas cautelares, que fueron acordadas.

2º Ciberestafa con bitcoins

Hasta no hace mucho, los Tribunales han sido reacios a admitir el perjuicio sufrido por estafas con bitcoin, ethereum, etc. dado que nuestra legislación no contempla ninguna criptomoneda como unidad de valor o medio de pago y por lo tanto, hasta que no se regule el sector, se encuentran en una suerte de limbo jurídico.

Sin embargo, esta situación ha cambiado a raíz de la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del caso Arbistar, que ha supuesto un perjuicio de más de 50 millones de euros a más de 1.000 víctimas ya personadas en el procedimiento.

La estafa es de tipo Ponzi o piramidal. La empresa supuestamente se dedicaba al arbitraje de criptomonedas y se beneficiaba de las supuestas divergencias entre precios existente entre las diferentes plataformas de criptomonedas. Bajo este pretexto podían ofrecer rentabilidades mensuales de hasta el 15% del capital invertido.

Actualmente se encuentran investigados todos los trabajadores de la empresa. Tras la solicitud de los abogados de los perjudicados, se han adoptado medidas cautelares como el bloqueo de cuentas bancarias y embargo de bienes a nombre de los responsables para poder asegurar la devolución de las cantidades estafadas.

4º Delito contra la salud pública, plantación de marihuana

En los últimos años se han extendido las plantaciones de marihuana en invernaderos o al aire libre en nuestro país. En primer lugar, es fundamental señalar que existen numerosos tipos de cannabis y no todos ellos son susceptibles de ser delito. Para ello, deben tener porcentajes de psicoactividad por encima de los límites establecidos por las directivas europeas y la jurisprudencia española.

En este caso, se trataba de una plantación en un municipio de la sierra norte de Madrid. Tras realizar intervenciones telefónicas y seguimientos a los investigados, la policía presentó una solicitud de entrada y registro en la propiedad donde se encontraba el cultivo al Juez competente, a lo que éste último accedió.

Tras obtener pruebas de los cultivos, éstas fueron mandadas al laboratorio farmacológico competente, que emitió informe señalando que los porcentajes de THC en las plantas eran superiores a lo permitido y por tanto, nos encontramos ante un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, este análisis no ofreció un resultado objetivo e imparcial debido a que las muestras tomadas habían sido casi en su totalidad de las partes de la planta con mayor índice de psicoactividad, en lugar de haberse tomado de forma proporcionada entre el tallo, las hojas y los cogollos. Por ello, presentamos solicitud de prueba contrapericial a realizar por un nuevo laboratorio tras una nueva toma de muestras.

Varios meses después por fin se pudo demostrar que las plantas se encontraban en un estado de crecimiento que hacía imposible que fueran psicoactivas y por tanto no existía delito contra la salud pública.

6º Falsedad de documento oficial

Nuestro cliente era originario de un país no perteneciente a la Unión Europea. Había tenido residencia legal en España, concedida por arraigo laboral hacía más de una década. Sin embargo, por motivos personales tuvo que regresar a su país para hacerse cargo de una situación familiar complicada.

El permiso de residencia en nuestro país caducó y no pudo renovarlo en el plazo concedido al efecto. Por este motivo, intentó viajar a nuestro país con un documento fabricado por un tercero que simulaba el certificado original de residencia en España. Sin embargo, en el aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas fue detenido por los agentes de Policía Nacional que vigilan las entradas en nuestro país, al detectar las irregularidades en el certificado: color diferente al original, sello impreso en lugar de estampado, número de documento que no correspondía con numeración real, fecha de expedición errónea, etc.

En definitiva, se trataba de una falsedad tan inverosímil que únicamente con una revisión rutinaria de los agentes policiales se podía constatar que el documento no era veraz, es decir que era lo que se conoce en derecho penal como falsedad inocua, por ser demasiado burda o tosca. Este fue el motivo alegado que tuvo como consecuencia la absolución del acusado.

8º Injurias y calumnias

Nuestro cliente, con un importante cargo directivo, recibió notificación de querella presentada contra él por una compañera de trabajo que le acusaba de haberla injuriado desacreditando su desempeño ante el resto de colegas y de su superior y haberla calumniado por atribuirle la comisión de delitos administrativos.

Tras una larga instrucción con informes periciales, recursos de reforma y apelación contrarios, declaraciones de investigado y de testigos y aportación de numerosa prueba documental, el juez ha estimado nuestro escrito que solicitaba el sobreseimiento y archivo de la causa. Los motivos son varios pero conviene destacar uno: tras analizar la conducta reprochada a nuestro defendido como delito de calumnias, no podía sostenerse que fuese delictiva porque los hechos que se habían puesto en conocimiento de sus superiores por mi representado respecto de la actuación de la querellante no eran delictivos, sino a lo sumo, susceptibles de sanción administrativa o laboral.

Por otro lado, en cuanto a las injurias, quedan fuera del ámbito penal los reproches sobre el desempeño laboral. De lo contrario nos encontraríamos ante infinidad de procedimientos penales cada día por la conducta habitual de superiores jerárquicos hacia sus subordinados. El derecho penal tiene como principio fundamental el de ultima ratio, es decir que sólo interviene con la vulneración grave de un bien jurídico protegido.

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