Delitos de Atentado contra la Autoridad

• Los diputados nacionales, europeos, autonómicos.
• Funcionarios públicos de la educación y sanidad. Es decir, profesores y médicos, farmacéuticos y enfermeros de instituciones públicas.
• Los miembros de las fuerzas y cuerpos del Estado son agentes de la autoridad.

Son cuatro:

• Acto básico de agresión, empleando fuerza o intimidación grave.
• Que tal acto esté dirigido contra funcionario público o agente de la autoridad.
• Que este agente o autoridad se halle en el ejercicio de sus funciones propias del cargo.
• Que exista propósito de ofender o faltar el respeto.

Para que el delito se consume es necesario que la persona conociera de antemano la condición de agente de la autoridad en el momento de la agresión.

La actuación de las autoridades tiene que estar siempre regida por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. El ejercicio de funciones ha provocado un debate sobre si en los casos en que la autoridad se excede de sus funciones o abusa de su cargo esta actitud tiene como consecuencia la pérdida de esa especial protección.

La respuesta es que los Tribunales reducirán el carácter de autoridad a mero particular en los casos en que haya existido notoria extralimitación, es decir, cuando insultan, provocan, amenazan, coaccionan o agreden. De este modo se limitan los casos de pérdida de la condición de autoridad a los supuestos en que el agente o funcionario público se excede de sus funciones de modo que es tal exceso el que provoca la reacción violenta de la persona.

La valoración de esa posible extralimitación ha de hacerse caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias, no se pueden realizar afirmaciones generalistas.

• Resistencia activa al cacheo o detención de una persona, utilizando manotazos o patadas.
• Agresión física a un profesor ante un comentario despectivo o una sanción.
• Arrojar objetos, mobiliario urbano o muebles contra un agente de la autoridad.
• Sacar un cuchillo cuando la persona es requerida para identificarse.

Los casos de resistencia han de ser graves y activos, de lo contrario estaríamos ante un delito menos grave de
resistencia a la autoridad.

• Legítima defensa.
• Cumplimiento de un deber

Las penas previstas para castigar el atentado son:

• Prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses cuando el atentado es contra la autoridad.
• Prisión de 6 meses a 3 años cuando es contra agentes de la autoridad o contra funcionarios públicos.
• Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses en los casos en los que la autoridad contra la que se atente sea miembro de entres gubernamentales, legislativos o judiciales.
• Penas superiores en grado cuando se usen armas u otros instrumentos peligrosos, se realicen actos que puedan causar lesiones graves, se utilicen vehículos a motor o los hechos se realicen en el interior de un centro penitenciario.