Abogados Delitos denuncias falsas

Se trata de un tema delicado que ha causado polémica y enfrentamiento social. Desde el punto de vista jurídico, es importante señalar varios aspectos, en primer lugar si existe una denuncia por supuesta violencia de género y el juzgado de instrucción o el tribunal sentenciador han considerado que no existía prueba de cargo suficiente para condenar, el procedimiento será sobreseído o el acusado absuelto, en su caso.

Esta finalización del procedimiento favorable al acusado no implica automáticamente que la denuncia fuera falsa, sino que jurídicamente sólo lo será en los casos en que los hechos relatados hubieran sido mentira, no en aquellos otros en los que se ha absuelto o archivado el procedimiento porque la versión de la denunciante no se ha podido probar.

Ahí radica la parte más importante para decidir si un procedimiento por denuncia falsa puede prosperar. Si se puede probar que existió una motivación espuria en la denuncia inicial de violencia de género (por ej. obtener la custodia de los hijos, obtener una pensión de la administración o conseguir permiso de residencia en nuestro país) y que los hechos alegados son inciertos, existirán muchas posibilidades de conseguir una resolución favorable. Si por el contrario lo que existe es una discrepancia de versiones en la que no se puede probar la versión de la supuesta víctima ni la del denunciado, un procedimiento por denuncia falsa será igualmente difícil de probar.

El trabajo de los abogados, el fiscal y los jueces será analizar los datos reales de forma objetiva sin juicios de valor u opiniones. De esta forma y con todas las pruebas a su alcance (testigos, grabaciones, documentos, mensajes, etc.) determinarán si se trata efectivamente de una denuncia falsa.

Otro de los ámbitos en que existen más denuncias falsas es el económico. Dado que la jurisdicción penal tiene prioridad sobre otras como civil o laboral, en muchas ocasiones los ciudadanos, asesorados por sus abogados, deciden presentar una querella para conseguir beneficios económicos como frenar otros procedimientos de deuda o para presionar a la otra parte a un pago.

El punto en común de estos procedimientos es que maquillan los hechos para darles apariencia delictiva cuando en realidad no la tienen y deberían ventilarse en la jurisdicción mercantil o civil.

Existen multitud de ejemplos de querellas catalanas y lo relevante desde el punto de vista de poder iniciar una acción penal por denuncia falsa es conocer si los hechos son falsos o si bien los hechos son ciertos pero la calificación jurídica dada por el querellante es errónea. En el primer caso será fácil demostrar que existe denuncia falsa, en el segundo será más complicado.

Los tribunales también analizan cuál es el propósito de los querellantes, si han actuado de forma arbitraria y torticera para perjudicar al querellado con el único objetivo de beneficiarse y perjudicar sus intereses o si han puesto en conocimiento de la justicia hechos que sí revisten caracteres de delito y deben ser juzgados por los Tribunales.

En los últimos años, también se han extendido las denuncias o querellas políticas falsas, que se utilizan para dañar la reputación y la imagen del querellado y obtener rédito político y electoral.

De nuevo, lo relevante será si la primera denuncia contiene hechos manifiestamente falsos o con un relato que oculta datos esenciales y por tanto falta a la verdad. Aquí el debate será acerca de la existencia de pruebas suficientes para demostrarlo.

Las penas serán impuestas por los tribunales en función de la gravedad de la conducta y demás circunstancias del caso, siempre dentro de los límites marcados por el Código Penal:

• Prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito grave.
• Multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito menos grave.
• Multa de 3 a 6 meses si se imputa un delito leve.