Abogados Delitos Societarios

Delito del art. 290 del Código Penal. Este delito tipifica el falseamiento realizado por los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad. La conducta debe hacerse voluntariamente, buscando causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero. Es decir, no serán delito las conductas imprudentes o negligentes que no reflejen con exactitud la realidad económico-financieras de la empresa.

Es delito alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales, lo que incluye las anotaciones ficticias y la omisión de datos. Se han planteado dudas acerca de si la no presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil podría constituir el delito, sin embargo es importante recalcar que la conducta debe ser activa, no omisiva, es decir un “no hacer” no puede constituir este delito.

La falsedad puede recaer en las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, pero también en cualquier otro documento como informes de gestión, propuestas de aplicación de resultado, informe de gestión consolidado, libros de actas y certificados correspondientes. En general, cualquier documento destinado a hacer pública una imagen fiel de la empresa , Visita aquí.

Incluido en el art. 291 del Código Penal. En este delito se sanciona a quienes, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o en el órgano de administrativo de cualquier sociedad constituida o en formación, impongan acuerdos abusivos, con ánimo de lucro y en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficios a la sociedad con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Se trata de un delito cuestionado por existir vías de protección en la legislación civil (que contempla el abuso del Derecho en el art. 7.2 CC) y en la legislación mercantil (que permite impugnar los acuerdos sociales contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, art. 204 LSC).

Se encuentra en el art. 292 del Código Penal. Se sanciona con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido (la misma que en el delito anterior) a quienes impongan o aprovechen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por alguna de las siguientes formas:

– Mayoría ficticia obtenida por abuso de firma en blanco.
– Atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo
– Negación ilícita del ejercicio del derecho a voto a quienes lo tengan reconocido por Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante.

Es por tanto imposible aplicar este delito si el acuerdo no se produjo. Es decir, no será delito del art. 292 CP los acuerdos adoptados por junta que nunca se celebró.

Artículo 293 del Código Penal. Tipifica negar o impedir sin causa legal a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión y control de la actividad social o suscripción preferente de acciones, que realice el administrador de hecho o de derecho.

Se protegen así los derechos económicos (derecho a participar en los beneficios, a participar en la cuota de liquidación y de suscripción preferente) y políticos (información y asistencia y voto en las juntas generales) de los socios.

La tutela de los derechos de los socios de una sociedad ya está protegida en la Ley de Sociedades de Capital, lo que plantea preguntas acerca de cuándo se trata de un ilícito administrativo y cuándo sería un ilícito penal. Es fundamental analizar el caso concreto para realizar un diagnóstico ajustado.

parece en el art. 294 del Código Penal y castiga a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, nieguen o impidan la actuación de personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

Los ámbitos sujetos a tal supervisión pueden ser los vigilados por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Ministerio de Economía, las comunidades autónomas o las sociedades rectoras de las Bolsas de valores.

Olimpa Abogados tiene una amplia experiencia en delitos societarios, consúltenos su caso, le resolveremos sus dudas y le plantearemos la mejor estrategia a seguir.