Los derechos laborales y de Seguridad Social de cada trabajador están regulados en la Constitución Española y en sucesiva legislación laboral que los ha desarrollado.

Dentro de esta modalidad de delito se encuentran los supuestos de fraude de ley, de coerción o amenazas en el ámbito laboral, abuso de situación de necesidad, violencia o intimidación en la imposición de las condiciones laborales o engaño.

Las penas van de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses.

Especial atención debemos prestar a las situaciones de contrato con empresas de contratación temporal. Las relativas al salario o la Seguridad Social serán imputables a la empresa de trabajo temporal; las de salud, seguridad o condiciones de trabajo, a la empresa contratante.

Se refiere a aquellos casos en los que se comercia o negocia con mano de obra teniendo ánimo de lucro. En caso de no exista ánimo de lucro, por ej. los casos en que se facilita la entrada a un ciudadano extranjero para trabajar en nuestro país, no estaríamos dentro de este tipo delictivo.

De esta forma, serán sancionados los supuestos que impliquen explotación del trabajadores para obtener beneficio. Las penas son más elevadas en que los casos anteriores, prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses.

De la misma forma que sucedía en el apartado anterior, hemos de tener en cuenta que no cualquier incumplimiento será delito sino que dependerá de dos criterios, la reiteración y la magnitud de la conducta.

La jurisprudencia gradúa las penas en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre el extranjero o menor sin permiso, las condiciones y trabajo para el que se les ha empleado, etc.

Las penas de prisión serán de tres a dieciocho meses y multa de doce a treinta y seis meses.

Existe un derecho de convocar, publicitar y participar en una huelga, pero no es un derecho ilimitado. Los Tribunales han reconocido el derecho a no hacer huelga o a abandonarla. El delito sanciona los medios coercitivos graves frente a los trabajadores.

La coacción para iniciar o continuar la huelga debe ser grave, mediante violencia o intimidación. La violencia física debe ser suficiente para conminar a hacer aquello que no se desea hacer, pero no se exige que sea irresistible. De lo contrario, quedarían impunes la gran mayoría de las conductas.

Las penas ascenderán a un año y nueve meses a tres años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Tras la reforma del Código Penal, se incluyen consecuencias para las personas jurídicas:

• Suspensión de actividades por un plazo no superior a 5 años.
• Clausura de locales y establecimientos por un plazo no superior a 5 años.
• Prohibición temporal o definitiva a realizar actividades vinculadas con el delito.
• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar en el sector o para disfrutar de beneficios e incentivos fiscales de la Seguridad Social.
• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por un tiempo no superior a 5 años.