Delitos de homicidio imprudente

La siniestralidad laboral es un gravísimo problema del que se ocupan las leyes laborales y, en los casos más graves, el Código Penal. En su art. 316 se castiga a los que, estando obligados por ley, infrinjan las normas de prevención de riesgos laborales o no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física.

Por lo tanto, el empresario tiene una posición de garante, que significa que tiene algunos deberes básicos hacia sus trabajadores:

• de formación: aportarle todos los conocimientos e instrumentos necesarios para la realización de su trabajo.
• de proporcionar las medidas de seguridad adecuadas: por ej. si se encuentra trabajando en altura, las medidas de protección colectiva e individuales a utilizar, redes bajo cubierta, barandillas perimetrales, pasarelas de circulación, líneas de vida, determinación de los puntos de anclajes, sistemas anti-caída, arneses de seguridad, etc.
• de cuidado: igualmente si los trabajadores deben manejar maquinaria peligrosa, incendiaria o tóxica, debe aportar los sistemas de protección personales e instalar los sistemas de protección generales necesarios.
• de vigilancia: incluso después de haber instalado las medidas de seguridad necesarias, es obligación de la empresa supervisar y vigilar su cumplimiento. Incluso la autopuesta en peligro del trabajador no exime al empresario automáticamente, sino que sólo lo haría en el caso en que éste hubiera respetado todos los deberes que le son inherentes.

Si estos deberes no se cumplen, estamos ante un delito contra los derechos de los trabajadores y si tiene como resultado el fallecimiento de un trabajador, estaremos ante un homicidio imprudente en el ámbito laboral.

En el reconocimiento de los derechos del trabajador, entre otros el derecho a desarrollar su actividad sin riesgos para su vida y salud, se parte de la desigualdad de las partes propia de la relación de trabajo, de modo que se impulsa la una protección especial de la parte más débil que compense aquella desigualdad. Este derecho a la protección eficaz de la seguridad y de la salud es irrenunciable, por lo que los Tribunales consideran que aunque los trabajadores acepten trabajar en condiciones de riesgo, esa aceptación no excluye la responsabilidad del empresario.

Estudiamos esta cuestión en profundidad dentro de los delitos contra la seguridad vial.

Homicidio por imprudencia grave

El Código Penal castiga a los que causen la muerte de otro de forma imprudente con penas de prisión de uno a cuatro años. Si el homicidio imprudente se ha causado utilizando coche, camión, autobús, moto o cualquier otro vehículo se impondrá también la pena de privación del permiso de conducir de uno a seis años.

La imprudencia grave o temeraria es aquella en la que el conductor omite todas las precauciones o medidas de cuidado. Cuando la desatención o infracción del deber de cuidado no la hubiera cometido ni siquiera una persona poco diligente o cuidadosa, estamos ante imprudencias graves.

La conducción a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o ochenta kilómetros por hora en vía interurbana y la conducción bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas, son circunstancias que hacia la calificación de imprudencia grave, pero no siempre es así, pues dependerá de la culpa del conductor en el supuesto concreto: visibilidad, previsibilidad del accidente, comportamiento, gravedad del riesgo, etc.

Por ello, en este tipo de delitos en los que no existe voluntad por parte del autor, sino culpa, es fundamental la tarea del abogado para exponer todas las circunstancias concurrentes en el caso.

En caso de que se produzcan dos fallecidos las penas serán de 4 a 6 años y si el número de fallecidos es elevado se llegará hasta los 9 años.

Homicidio por imprudencia menos grave

Los tribunales decidirán si existe imprudencia grave o menos grave en función de todas las circunstancias concurrentes en el caso, las alegaciones de los abogados e informes periciales.

Para la calificación como homicidio como imprudencia menos grave se tendrán en cuenta factores como el exceso de velocidad y el consumo de estupefacientes, pero también si ha existido conducción negligente o temeraria.

En Olimpa Abogados trabajamos con peritos especializados en seguridad vial y es fundamental contar con un perito de garantías que sepa exponer todos los motivos por los que ha existido imprudencia más grave o menos grave. En este análisis de las circunstancias se incluirá: el estado de la vía, las condiciones climatológicas, el comportamiento del conductor, la gravedad del riesgo creado y la previsibilidad del resultado.

En caso de que exista una imprudencia menos grave, las penas serán de 3 a 18 meses de prisión y de privación del carnet de hasta 6 años.

Estaríamos ante supuestos de conducción sin prestar atención debida al tráfico causando un impacto en una motocicleta que se encuentra en el marco de visión lateral del coche.

Abandono del lugar del accidente

Se castiga el comportamiento de abandonar el lugar donde se ha producido el accidente con víctimas, dado que supone una especial falta de solidaridad con ellas. Las penas son de hasta 4 años en caso de que sea imprudente y de hasta 6 meses si se trata de un caso fortuito en el que no hay culpa por parte del autor, sino que el motivo del accidente es ajeno.

Se trata de un delito analizado dentro de las negligencias médicas
El homicidio (no asesinato porque para que sea asesinato hace falta una agravante de alevosía, ensañamiento o recompensa) cometido por imprudencia por facultativo sanitario puede serlo por imprudencia grave, menos grave o leve.

No todos los homicidios cometidos en el ámbito médico serán delito, es más, muchos de ellos darán lugar a un procedimiento administrativo o civil, con indemnización para los familiares de la víctima.

Los casos de imprudencia más grave sí que se tramitarán en la jurisdicción penal, que resolverá las indemnizaciones para los familiares e impondrá las penas adecuadas a la gravedad de la infracción.

En este caso, además de las penas de prisión de uno a cuatro años, el Código Penal contempla inhabilitaciones por ejercicio de profesión, oficio o cargo por período de 3 a 6 años.

Para que un caso de homicidio por imprudencia en el ámbito médico tenga un resultado favorable hacen falta varios puntos:

• Un abogado especializado en derecho penal y en derecho sanitario. Muchos abogados pretenden ser especialistas en varias áreas de derecho, con la dificultad que conlleva ser especialista de un área y estar actualizado. En este caso, además, es fundamental tener conocimientos sanitarios pues se trata de un tipo de procedimiento en que los dos ámbitos son necesarios para presentar la querella, los recursos de reforma o apelación que procedan, el escrito de acusación, etc.
• Un perito médico especialista en el área médica en el que se ha producido la negligencia. Es muy importante contar con el especialista en oncología, cardiología, medicina interna, ginecología, etc. porque será el profesional que analice la historia clínica, la actuación de los facultativos, las causas del hecho y recoja las conclusiones en su informe pericial.
• Toda la información clínica del paciente para fundamentar fácticamente el caso: sus antecedentes médicos y farmacológicos, la historia clínica, las evaluaciones y revisiones existentes en otros centros médicos, etc.

El inicio de la vía penal siempre interrumpe los plazos de prescripción del orden civil o administrativo, así que en los casos en que finalmente no se condene penalmente al médico, enfermera o facultativo contra el que se inició el procedimiento, las víctimas podrán iniciar las acciones civiles o administrativas de reclamación oportunas, sin ningún obstáculo que lo impida.