Delitos contra el orden público

Cometerá delito de atentado contra la autoridad aquel que agreda a agentes o funcionarios, atacándolos o oponiendo resistencia grave contra ellos, siempre que haya intimidación o violencia y que los funcionarios se encuentren actuando en labores propias de su cargo.

Este delito tiene por tanto varios requisitos que deben cumplirse:

• El agente o funcionario debe estar actuando en labores propias de su puesto. No será atentado si por ej. el policía se encuentra vestido de civil fuera de su horario laboral.
• Tampoco es atentado si no se produce una agresión o intimidación. Si no existe violencia o intimidación grave será a lo sumo delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.
• Deben ser actos que tengan el propósito violento contra el agente o autoridad. No serán por tanto delito los actos genéricos reivindicativos o de resistencia en manifestaciones que no estén dirigidos a agente de la autoridad.

Si se ha producido una extralimitación de funciones del funcionario de tal envergadura que ha provocado la reacción instintiva del ciudadano, los Tribunales valorarán este hecho y la proporcionalidad de la respuesta.

Las penas de prisión van desde 6 meses a 4 años e incluso se agravan en los casos en que se han utilizado instrumentos peligrosos o vehículos a motor.

Se trata del delito atenuado con respecto al atentado. Se trata de los casos en que existe una resistencia no violenta ni grave hacia los funcionarios o agentes.

Los casos más leves no deben constituir siquiera delito de resistencia, sino que deben ser tramitados como una infracción administrativa.

Las penas son más leves y van de 3 meses a 1 año de prisión.

Al igual que sucede con los casos de resistencia, no cualquier desobediencia será delito, sino sólo las más graves.

Los casos más comunes de desobediencia son aquellos de rebeldía e incumplimiento de sentencias judiciales o de instrucciones de la autoridad. A este respecto, es fundamental analizar si existe alguna causa de justificación por la que la persona no haya querido o podido cumplir con la resolución.
Las penas van desde los 3 meses a 1 año de prisión.