Delitos de blanqueo de capitales

El primer dato relevante para imputar el delito de blanqueo son las cantidades sin origen justificado. Cantidades por debajo de 10.000 o 20.000 euros pueden ser fácilmente explicables en caso de ser requeridos, por ej. por haber recibido un regalo, por obtener un premio de apuestas o loterías, por un torneo o un concurso, por un préstamo a un amigo o familiar, etc.

Por el contrario, cantidades superiores a los 50.000 euros requerirán de explicaciones más detalladas, incluso de respaldo documental.

No se exige la participación del investigado en una organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, a las estafas piramidales, al contrabando o a cualquier otra actividad ilícita, pero en caso de que exista el Tribunal Supremo lo considera un indicio.

En este sentido por ej. la STS 29 de noviembre de 2011 (https://supremo.vlex.es/vid/-341454774) absuelve a un sujeto por transportar 97.995 euros en efectivo desde Lisboa a Valencia a cambio de 3.000 euros, dado que el blanqueo de capitales requiere de la existencia de un delito previo que ha generado esas cantidades. En este caso no se tenía noticia de ningún hecho delictivo anterior.

No existe un límite mínimo de dinero para que un juez de instrucción investigue a un ciudadano por blanqueo de capitales y es fundamental relacionarlo con las circunstancias particulares del sujeto y los ingresos que percibe.

Existen numerosos ejemplos de casos de desproporción, por ej. la STS de 22 de julio del 2011 que atribuye el delito porque no se considera lógico que quién declara ganar 800 o 900 euros al mes haya comprado dos vehículos de alta gama y posea en su domicilio más de 60.000 euros en efectivo.

Por ej. la STS de 21 de marzo de 2011 (http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/eb2e58426919a615/20110420) que consideraba acreditada esta circunstancia valorando que el acusado manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo (varios cientos de miles de euros), adquirió una vivienda, organizó una costosa fiesta para numerosos invitados en un hotel de cinco estrellas y disponía de tarjetas de crédito exclusivas como la American Express Black del tipo Centurión, sin límite de crédito y con un consumo superior a los 250.000 dólares al año. Todo ello sin ingresos legales.

Lo cual significa que es tarea del investigado (con el asesoramiento de un abogado especializado), aportar la documentación que pruebe los ingresos.

El Tribunal Supremo ha establecido un cierto deber de colaboración en la investigación patrimonial, cuestión que ha sido debatida porque colisiona con el derecho a no declarar contra sí mismo. Sin embargo, la STS de 25 de febrero de 2004 (http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0692ea2a467acff3/20040403) establece que los investigados deben asumir la carga de facilitar los datos que, de forma clara, acrediten su verdadero origen. Señala que ello no supone invertir la carga de la prueba ni obligar a nadie a realizar actividades imposibles, diabólicas o costosas para demostrarlo, dado que los medios para exculparse están en sus manos, acreditando que el dinero es limpio y transparente.

En general, los tribunales no aceptan la alegación de que el dinero de dudosa proveniencia ha sido obtenido en la “economía sumergida”. En este sentido, la STS de 26 de octubre de 2011 y otras señalan que se admiten medios de prueba en contrario.

El listado de paraísos fiscales se encuentra en la web pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions

A nivel europeo, se publica el listado:

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

Por supuesto, ello no implica que operar financieramente con estas jurisdicciones sea sinónimo de la comisión de un delito.