Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma del Código Penal que incluye un nuevo delito de acoso que castiga a aquellos que hostiguen a las mujeres que acuden a clínicas abortivas o a los profesionales que trabajen en ellas.

Hasta la fecha, los delitos de acoso más comunes eran los que se producen en el ámbito laboral, familiar y otros que se producen por motivos económicos como intentar cobrar facturas o cuotas impagadas. El nuevo artículo 172 quarter del Código Penal castiga a aquellos que “obstaculicen el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.

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Con esta nueva redacción, conductas como rezar ante las clínicas habilitadas para practicar abortos o entregar información contraria al aborto a las mujeres que acuden a este fin al centro sanitario podría constituir delito.

“Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los facultativos o directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”.

Por otro lado, teniendo en cuenta la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años. Y la norma también establece que “las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso”. Por lo tanto, estos apartados mantienen su redacción original.

Esta nueva redacción de la norma comenzará a ser interpretada por los tribunales en cuanto entre en vigor y en los próximos meses y años podremos comprobar dónde se fija el umbral para determinar que existe delito, ya que no cualquier acto contrario al aborto realizado delante de una clínica podrá ser tipificado como delito porque el derecho a abortar reconocido en la normativa colisiona con el derecho a reunirse y a manifestar opiniones políticas o morales libremente. A buen seguro, el criterio de los tribunales se fijará en atención a la intensidad de las conductas de hostigamiento.

A este respecto, es fundamental contar con un abogado especializado en acoso, amenazas, coacciones y demás delitos contra la libertad.

A diferencia de otras modalidades de delitos contra la libertad, no será necesaria denuncia del afectado, por lo que los hechos serán perseguidos de oficio.

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